Con esta Ley Colombia se convirtió en el país con mayor reconocimiento a los derechos del Pueblo Negro. La Ley 70 de 1993 reconoció a las Comunidades Negras  que ocupaban tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva. Este instrumento le permite al pueblo negro defender su derecho a la vida y al territorio.

En el Gobierno de Samper establecieron la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bogotá para supervisar la situación de los derechos humanos en Colombia y asistir al Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

Almudena Marranza fue la primera Comisionada de Derechos Humanos que entró a los cuarteles, dictó cátedras de derechos humanos en las unidades militares, visitó los lugares en combate y acompañó los esfuerzos del Gobierno Samper por respetar los derechos humanos.

El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, PLANTE, estuvo orientado a brindar, a partir de la erradicación de los cultivos ilícitos, alternativas económicas, para los pequeños productores. Se crearon proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, conservación del medio ambiente y fomento de los valores éticos y culturales para la convivencia pacífica.

Con la Ley 378 de 1997, el Gobierno Samper atendió a más de 6 millones de desplazados y les dio un estatus de sujeto de protección por ser víctima de: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias que alteraron drásticamente el orden público. Actualmente alrededor de 9 millones de colombianos, según datos de la Comisión de la Verdad, son beneficiados por esta ley.

Los Protocolos adicionales I y II prevén que los civiles deben ser protegidos contra los peores efectos de los conflictos. Mejoró la protección jurídica, durante la guerra, a los heridos y estableció normas humanitarias aplicables en guerras internacionales.

La Ley 418 de 1997 dotó al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados en el país.

Con la Ley 434 de 1998 creó el Consejo Nacional de Paz como un órgano de participación social para buscar la paz a través de alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno: convirtió la  política de paz en una política de Estado, permanente y participativa.

El cargo del Alto Comisionado de paz fue creado en 1994 por el expresidente Samper quien, en trabajo por alcanzar la paz integral, decidió designar un asesor que se encargara de las acciones relacionadas con la búsqueda negociada de salidas al conflicto.